¿Cumplen las salmoneras con su capital humano?

A juzgar por los resultados de las fiscalizaciones, no es exagerado inferir que varios ejecutivos responsables de las áreas inquiridas, viven en la actualidad la condición de “BURRO” (“DUNCE” para que entiendan los que estudiaron en colegios de habla inglesa), ya descrita.

Si nos damos el tiempo de revisar los reportes anuales, de empresas ligadas a la industria del salmón, que están públicamente disponibles, encontraremos reiteradamente que todas destacan al “capital humano” o a sus “colaboradores” como su más preciado activo. Resulta reconfortante leer declaraciones como que “La integridad, salud y seguridad de las personas será siempre la primera prioridad”, o “El principal capital de la Compañía son las personas”. Otras van más allá y alientan “objetivos comunes centrados en la seguridad y el orgullo en el lugar de trabajo y las comunidades donde operamos”. Sin embargo, la grandilocuencia de estas declaraciones muchas veces contrasta con una realidad muy diferente, que nos muestra escenarios que se contradicen a aquellos exhibidos con desenfrenado idealismo o ingenua estrategia de marketing. Sabemos que todas las empresas deben realzar la importancia y buen trato de sus empleados pues eso es lo correcto, existiendo, además, una creciente presión de todas las instancias de la sociedad para que ello así ocurra. El objetivo de fondo será siempre evitar conflictos que impacten en la producción, especialmente en aquellas compañías abiertas a las diferentes Bolsas de Comercio que pondrían en vilo su inversión.

Para conocer qué ocurre con el cumplimiento de obligaciones laborales básicas de empresas relacionadas al rubro de la salmonicultura de agua dulce y marina, más aquellas de la elaboración y conservación de salmones, se recurrió a estadísticas oficiales, del último año corrido, de fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo de la Décima Región de Los Lagos. El período va desde agosto, 2023 hasta julio, 2024, ambos meses inclusive, y estamos hablando de un universo aproximado de algo más de 500 centros de mar, pisciculturas, acopios y plantas de proceso de salmónidos susceptibles de ser fiscalizados.

Es necesario contextualizar que las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo solamente buscan corroborar que las empresas están cumpliendo con exigencias de la ley que ya todos los actores conocen, desde que iniciaron la operación comercial. No hay sorpresas ni letra chica, por lo que no es una exageración decir que es obligación de las empresas aprobar siempre todas aquellas condiciones laborales que les permitió originalmente establecerse y operar para lucrar. No existe nada nuevo bajo el sol. Haciendo un parangón, imagínense por un instante que los profesores adelantaran todas las preguntas de la prueba a sus alumnos. Bajo ese irreal escenario, los que luego reprueban tendrían bien ganado el antiguo apodo de “BURRO” y relegados a un rincón de la sala a purgar penas mirando la pared con un cucurucho en la cabeza, como ocurría antaño.

A juzgar por los resultados de las fiscalizaciones, no es exagerado inferir que varios ejecutivos responsables de las áreas inquiridas, viven en la actualidad la condición de “BURRO”, (“DUNCE” para que entiendan los que estudiaron en colegios de habla inglesa), ya descrita. Pasemos del relato a los datos.

La Dirección del Trabajo, Región de Los Lagos informa que, entre agosto, 2023 hasta julio, 2024 se realizaron 168 fiscalizaciones a empresas salmoneras. Dichas inspecciones arrojaron 62 eventos con resultado de infracción por incumplimientos y otros 106 incólumes, es decir, casi el 37% de las empresas salmoneras fiscalizadas reprobaron el examen del que ya se tenían las preguntas con añosa antelación. Necesitamos, con urgencia, contar con un mínimo de 62 gorros cucuruchos de BURRO!!.

Aquellas 62 inspecciones con multas involucraron, en total, 97 materias sancionadas, lo que significó un monto inicial de más de 355 millones de pesos, a pagar, por las faltas detectadas. Cuatro fueron las principales materias sancionadas en este año de fiscalizaciones, de entre un universo de más de 20 materias: Registros incorrectos de asistencia y determinación de horas de trabajo; Inexistencia de baños en los lugares de trabajo; No tomar todas las medidas necesarias para la protección eficaz de la vida y salud de los trabajadores, y finalmente, No cumplir sistema excepcional de jornadas de trabajo-descanso, en ese mismo orden de reiteración.

Esta exigua cantidad de información puede pasar fácilmente inadvertida y quedar en el olvido, sin pena ni gloria, como seguramente ocurrirá. Sin embargo, es fundamental, al menos, tratar de darle una segunda mirada para sopesar su verdadera dimensión, independientemente que después, de manera inevitable, se archivará sin mayores consecuencias ni implementación de mejoras, que constituye el peor escenario: la inacción.

Si solamente se realizaron 168 fiscalizaciones anuales a un sector productivo de más de 500 centros laborales, entonces la probabilidad de que te controlen es de una vez cada tres años. Eso por sí solo, es un incentivo perverso que juega contra del cumplimiento legal laboral. Si a ello le sumamos que en promedio se aplica una multa de menos de seis millones de pesos, por empresa sancionada, entonces no hay de qué preocuparse. Pero “el combo” aún se puede mejorar para las compañías, ya que las estadísticas oficiales indican que el menor número de fiscalizaciones se realizaron durante el verano (enero y febrero), justamente el período cuando la industria del salmón está en su peak de actividad, lo que constituye un bonus track adicional.

Este tipo de instituciones controladoras parecen estar predestinadas a ser ineficaces, debido a su incapacidad de fiscalización por insuficiencia de personal y baja cuantía en las multas. A los infractores les es mucho más económico correr el riesgo de ser eventualmente fiscalizados, y si llegan a serlo, también es más barato pagar las multas antes de solucionar el motivo que genera la infracción. Me trae a la memoria los tiempos de la extracción de locos, durante períodos de veda, donde las multas eran insignificantes ante las millonarias ganancias por su venta ilegal… aquí ocurre algo parecido.

En Chile, la generalidad de las entidades fiscalizadoras tiene falencias de medios humanos y económicos para realizar una adecuada función. Es un mal estructural del cual se encuentran histórica y culturalmente cautivas. El manoseado cliché de “león sin dientes”, con que se las denomina, ya apesta por lo reiterativo e imperecedero!!

Pero lo normal es que cumplamos con la legislación sin hacer cálculos del impacto de eventuales controles de los entes fiscalizadores. Estamos hablando de una industria de nivel mundial, donde todas y cada una de sus actividades deben estar perfectamente enmarcadas en el más irrestricto apego a la legalidad vigente, en especial a la legalidad laboral que tanto vociferamos cuidar. Ese es el verdadero problema.

¿Se imaginan a la Dirección del Trabajo exponiendo en Aquanor los resultados del último año de fiscalizaciones a la industria del salmón de Chile?, ¿Cómo podrían explicarles a los salmoneros europeos que las principales materias sancionadas fueron el no llevar correctamente los registros de asistencia y el no tener baños en los lugares de trabajo? Creo que sería un buen ejercicio de re-caracterización de la industria desde un prisma diferente al netamente técnico que ellos conocen.

Pero como dicen los nuevos emprendedores, las crisis generan oportunidades. Por ello, no sería de extrañarse que algún lector de esta columna inicie un emprendimiento de fabricación de gorros cucuruchos finamente estampados con la palabra “BURRO” o “DUNCE”. Los usuarios de éstos, también tienen (nuevamente) la gran oportunidad de enmendar errores cometidos al principal capital de sus compañías: los relegados colaboradores. Chile seguirá siendo un país de oportunidades.