Convenio entre Sernapesca y Oceana: El manejo de la información pública

Este convenio, en un contexto de cambios legislativos, despierta preocupaciones sobre el papel de los actores involucrados y el impacto en el desarrollo de la industria salmonera.

Una de las muestras más claras de la falta de preocupación de las Asociaciones Gremiales de la industria, es el bajo lobby o derechamente, apoyo, que se tiene respecto de las iniciativas legales de la Subsecretaría de Pesca.

La ley 21.532 de enero del año 2023, es una muestra de ello. Esta norma hace pública toda la información que las empresas productoras entregan al Servicio Nacional de Pesca. Hasta esta ley, se discutía caso a caso ante la Comisión para la Transparencia, si la información entregada al Servicio era pública o no. La jurisprudencia de los Tribunales estableció que había información que no era pública aunque el titular se la haya entregado al Servicio para que este organismo cumpla con su deber de fiscalización. Se aplicaba un “test de daño” en relación con el daño que la eventual divulgación de la información podría ocasionar a la empresa. Así, la información relativa a aplicación de medicamentos se había considerado siempre como privada.

La modificación legal del artículo 90 quáter de la Ley de Pesca, hace pública la información relativa a la aplicación de medicamentos, lo que lleva como consecuencia, la publicidad del estado sanitario de los peces de cada productor. Esto afecta claramente las reglas de la competencia.

Es muy dudoso que esta nueva norma sea constitucional, pero hasta el momento, no se ha planteado la cuestión. En efecto, el Tribunal Constitucional ha declarado que la información pública es la relativa a los actos del Estado y no la entregada por los particulares con motivo de fiscalización. Habrá que discutirlo en su oportunidad.

Durante varios años la organización ambientalista OCEANA luchó en Tribunales para tener acceso a la información sobre enfermedades y tratamiento. Durante mucho tiempo igualmente, se le pudo contener en su deseo del acceso a la información.

Esta realidad ha cambiado con la ley 21.532 y la reciente firma del acuerdo de colaboración entre el Servicio Nacional de Pesca y OCEANA.

En efecto, el Estado ha acordado con este organismo ambientalista, que toda la información relativa a la aplicación de tratamientos médicos a los peces, sea publicada a través de una plataforma administrada por OCEANA. De esta suerte, toda la información relativa a producción, siembra, cosecha, cantidad y calidad de antibióticos y antiparasitarios, será manipulada y publicada por un organismo declarado como contrario a la industria del salmón. Durante casi toda la historia reciente de este organismo ambientalista, sus declaraciones públicas siempre han apuntado en contra de la industria. A contar de este año, una entidad contraria al desarrollo de la industria salmonera, es la encargada de publicar la información que se le entrega el Servicio.

Creemos que esto será un grave error. Sabemos que nuestras asociaciones gremiales son incapaces de un lobby suficiente para derogar o modificar estas nocivas nuevas normas, por lo que en definitiva – y como ha sido siempre- el esfuerzo de contrarrestar esta situación deberá recaer en los Tribunales de Justicia, tanto los ordinarios como el Constitucional.