A Propósito del proyecto de Royalty

Aumentar el costo tributario a la explotación del mar, no es el camino correcto, ya que es un costo directo que afecta la competitividad de la salmonicultura.

Es indudable que la industria del salmón ha sido desagradecida con las Regiones que le han dado cabida, en especial con la Región de Aysén. Sólo durante los últimos diez años hemos podido apreciar algunos aportes sociales en esa Región, en particular en Melinka, pueblo que manifiesta positivamente la influencia de la industria. Pero poco más se puede señalar del aporte social de la salmonicultura en las Regiones.

Pero creo que aumentar el costo tributario a la explotación del mar, no es el camino correcto, ya que es un costo directo que afecta nuestra capacidad de competencia. Esta más que probado que nuestra industria esta al límite en sus costos y que aumentar éstos en forma artificial no contribuye en nada al desarrollo de la misma. Al contrario. Por último, crear un nuevo impuesto que vaya a fondo general de la Nación (“destinarse a investigación y desarrollo de las actividades del mar, a los estudios, desarrollo y ejecución de los planes de ordenamiento territorial y al desarrollo en las regiones y comunas en que se encuentren las concesiones de acuicultura, que permitan alcanzar un modelo productivo sustentable de la acuicultura y mitigar los efectos ambientales que resulten de esta actividad” es absolutamente vago e indeterminado, además de que los fondos llegan directamente a Tesorería General de la República, sin participación alguna de la Región, sin beneficio directo a las Regiones, carece de todo sentido.

Cuál es el bien social o político que se persigue con este impuesto? Si es una compensación directa a las Regiones que alberga la actividad, no es el camino correcto. Si queremos que la industria se fortalezca y se desarrolle en forma sustentable y amigable con el Medio Ambiente y las comunidades donde se encuentra, lo que debemos hacer es cambiar los paradigmas.

Así, la solución la debemos buscar en el impuesto especial que el Código de Aguas creó para los derechos en desuso. No se sanciona la producción o el uso adecuado, sino que se castiga el acaparamiento de derechos de aprovechamiento sin ser usados.

En nuestra industria, más de dos tercios de las concesiones (de salmónidos) no se utilizan. Los espacios concesionados sin uso son verdaderos acaparamientos de derechos simplemente para que no los use la competencia y para aumentar el valor libro de las empresas.

Entonces, si queremos cambiar la forma de desarrollar la acuicultura en Chile, hagamos interesante para el industrial devolver las concesiones que nunca va a utilizar al Estado, para que éste las concesione nuevamente pero con exigencias ambientales y condiciones muy diferentes a las originales. Las exigencias y condiciones que se deben cumplir hoy para ser titular de una concesión no tienen nada que ver con las exigencias originales, si es que las había. Recordemos que aún existen muchas concesiones que no tienen siquiera una resolución de calificación ambiental.

Si les cobramos a los industriales un impuesto por concesión que no se utilice, los obligamos a desarrollar el proyecto o- lo más probable – a devolverlo al Estado.

Muchos de estos espacios no podrán ser jamás concesionados por no ser compatibles con las exigencias ambientales actuales, pero los que puedan ser utilizados, lo serán bajo nuevas condiciones mucho más exigentes desde el punto de vista ambiental que las condiciones bajo las cuales fueron otorgados.

De esta manera, podremos presentar a nuestros mercados un cambio en la filosofía del uso del mar, restituyendo espacios marítimos que no se utilizan para que el Estado los pueda volver a concesionar bajo mejores condiciones ambientales. Esto es más presentable que un simple aumento de impuesto, que aparece frente al mercado, como un castigo del Estado a un mal productor.