Aranceles de Trump y la salmonicultura chilena: impacto económico y estrategias sectoriales

La nueva política arancelaria de EE. UU. impuso un gravamen del 10% al salmón nacional y amenaza con restarle hasta US $ 1.400 millones a la economía chilena. Voces de la academia, la industria y el nuevo Consejo de Política Económica y Financiera Internacional detallan cómo enfrentar el golpe y convertirlo en oportunidad.

En abril de 2025 el gobierno de Donald Trump decretó un arancel del 10% a las importaciones de salmón chileno, en el llamado “Día de la Liberación”, destinado a gravar a todos sus socios comerciales. Esto implica un golpe a la cadena exportadora chilena, que tiene un 42% de sus ventas orientadas a EE. UU. y una cuota de mercado del 55% en aquel país. Según un estudio de la Universidad San Sebastián (USS) y SalmonChile, un arancel de 10% reducirá el valor exportado de salmón en US$571 millones, más otros US$53 millones por menor demanda global, totalizando US$623 millones en impacto directo. A ello se suman efectos indirectos por encadenamientos productivos estimados en US$773 millones, que elevan la pérdida total cerca de US$1.400 millones (aprox. 0,4 puntos del PIB). En las regiones del sur (Los Lagos, Aysén y Magallanes) el impacto conjunto se cifra en alrededor de US$1.050 millones.

Los actores del sector han coincidido en la gravedad del escenario. En palabras de Arturo Clément, presidente de SalmonChile, se trata de un recargo que, lejos de quedarse en los muelles, acabará en la góndola: encarecerá el precio al consumidor, frenará la demanda y recortará los flujos de caja, “impactando directamente en el ingreso del sector salmonero”.

Los números del informe, elaborado por la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, confirman la magnitud del golpe. Alejandro Weber, decano de la unidad académica, calcula que la destrucción de valor podría ascender a US $ 1.400 millones: US $ 623 millones por el impacto directo del arancel y US $ 773 millones por los efectos indirectos sobre la cadena de suministros, logística y servicios. “Se trata de 0,4 puntos del PIB nacional y, sobre todo, de un daño muy concentrado allí donde la salmonicultura representa entre el 23% y el 27% de la economía regional”, precisó Weber, aludiendo al triángulo Los Lagos–Aysén–Magallanes. A ese cálculo se suma la elasticidad estimada en el estudio (en economía, la elasticidad-precio de la demanda indica en qué proporción cambia la cantidad comprada cuando el precio varía). Un alza de 10% en el costo de importación provocaría una caída cercana al 22% en el valor de las exportaciones de salmón a Estados Unidos. En un mercado tan sensible al precio como el de los productos de consumo no esencial, “la elasticidad es alta”, recordó Weber, el resultado es una reducción inmediata del volumen vendido y un ajuste a la baja de los precios en destino. ¿Por qué Washington optó por el arancel? Weber contextualizó el giro proteccionista en el déficit fiscal estadounidense, que supera los seis puntos del PIB. Con la recaudación interna políticamente bloqueada, la Casa Blanca escogió, dijo, “la vía de trasladar el impuesto al resto del mundo”. El problema, añadió, es que esa carga termina finalmente sobre los hombros del consumidor norteamericano, generando presiones inflacionarias que la Reserva Federal intenta contrarrestar manteniendo la tasa de referencia. La medida, pues, inserta a la economía chilena en un ciclo externo de menor crecimiento global y de mayor incertidumbre inversora.

“Si suben los precios y se enfría la actividad, los bienes con demanda elástica sufren primero”, precisó el economista. Esa lógica encierra al salmón —y por extensión a toda la cadena acuícola— en una zona de vulnerabilidad. El golpe, sin embargo, no es inevitablemente letal. Para el presidente de SalmonChile, la clave pasa por mirar el contexto local: “Nos imponemos, además, aranceles invisibles en forma de trámites excesivos, plazos impredecibles y superposiciones regulatorias. Ganar competitividad interna es una de las palancas que sí controlamos”. Dentro de este marco, Francisca Sanz, presidenta de la Multigremial de Los Lagos, subrayó la estrecha interdependencia entre la salmonicultura y los servicios que la rodean: “Si la industria genera cuarenta mil empleos directos, hay otros cuarenta mil indirectos que dependen de ella. Contar con data concreta para la toma de decisiones es hoy más necesario que nunca”. Sanz recordó, además, la experiencia acumulada de crisis anteriores, como el virus ISA, blooms de algas y la pandemia, como muestra de la resiliencia del sector y de la conveniencia de diversificar destinos, sin perder de vista el mercado estadounidense. Esa reflexión enlaza con la estrategia delineada por el recién creado Consejo de Política Económica y Financiera Internacional (CPEFI). El organismo, encabezado por el Ejecutivo, actuará durante seis meses como mesa transversal de alto nivel: asesorará a Hacienda, diagnosticará la coyuntura económica global, identificará nuevos mercados y tratados por aprovechar y propondrá medidas específicas para amortiguar el impacto de los aranceles sobre el sector exportador. Para ello sesionará al menos dos veces por mes y emitirá recomendaciones destinadas a reforzar la seguridad y la prosperidad económica de Chile.

Para el exministro de Hacienda Ignacio Briones, integrante del CPEFI, el momento exige “una hoja de ruta ambiciosa que proyecte la producción hacia 2050, con metas comparables a las de Noruega, que planea triplicarla”. Recuerda que la salmonicultura “exporta 6.500 millones de dólares, ojalá exporte mucho más”, y advierte que mantener el statu quo es inviable en un escenario dominado por guerras comerciales y menor crecimiento global. Aunque el recargo chileno sea “el más bajo que le ponen a los países” —10% frente al 15% de Noruega o el 25% de Canadá—, “el hecho solo de tener un 10% hace que las contrapartes en Estados Unidos negocien los precios con los productores locales”, erosionando la posición chilena en la cadena de distribución. El economista subraya que la mejor defensa es una ofensiva de inversión y productividad: “Ponerse más ambiciosos, con incentivos potentes y resguardos ambientales, mitiga los malos vientos externos”. Para Briones, la tarea del consejo es traducir esa ambición en políticas concretas: dinamizar permisos, robustecer la promoción internacional y definir metas cuantificables a veinte y treinta años. “Chile es un país pequeño y muy abierto. Cuando hay menos comercio en alguna parte nos pega enseguida; por eso necesitamos una estrategia exportadora que mire más allá de la crisis de hoy”.

) Su par en el CPEFI, el exministro de Agricultura y presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, insiste en la doble vía de acción. “La expectativa concreta es volver a un arancel cero”, sostiene, pero advierte que la meta pierde fuerza si el país no activa “políticas pro-inversión que reduzcan la permisología y reactiven los proyectos detenidos. Chile no se puede dar el lujo de crecer menos que el promedio mundial”. Walker elogia la convocatoria transversal del Consejo —“cuando se trata de temas nacionales no deben existir colores políticos”— y subraya que el éxito de la negociación con Washington depende también de que el país cumpla estándares de propiedad intelectual y reduzca la burocracia que hoy retrasa la cartera de proyectos. Walker ve, además, una oportunidad de integración productiva: “Nos gustaría que la agricultura nacional abastezca a las plantas de alimento para salmones; eso reactivaría hasta 200 000 hectáreas agrícolas”. A su juicio, consolidar esa alianza y diversificar mercados, apuntando por ejemplo a la India, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el norte de África— dotaría al clúster de una resiliencia que los aranceles no podrían socavar. “Tener la mayor cantidad de destinos posibles es fundamental para no depender de nadie”, concluye, recordando que las exportaciones son motor de empleo y desarrollo territorial.

Hacia un nuevo consenso de crecimiento

El diagnóstico técnico coincide, por tanto, en dos planos. Por un lado, la urgencia diplomática: la Cancillería y el Ministerio de Hacienda ya planifican las negociaciones con Washington a la luz del tratado de libre comercio, mientras esperan la reunión con Estados Unidos programada para junio. Por otro, la necesidad de una agenda doméstica de competitividad que combine certeza regulatoria, reforma de plazos y mejora de la infraestructura.

Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, sintetizó esa visión: “Las relaciones exteriores son una política de Estado; el crecimiento económico debe serlo también. Una estrategia de largo aliento, público-privada, podría fijar un objetivo tan concreto como duplicar la participación del salmón en el PIB en veinte años”. El decano propuso comenzar por un itinerario de reducción gradual del impuesto corporativo y un paquete de simplificación de trámites, sabiendo que la rentabilidad de la inversión depende tanto de la tasa como del tiempo de ejecución. Detrás de las cifras se juega, finalmente, la cohesión social y territorial del sur austral. Al recordar la expansión educativa de las últimas décadas, pasando de veinticinco mil estudiantes universitarios en Puerto Montt, frente a los dos mil de hace treinta años, Francisca Sanz concluyó: “La salmonicultura transformó la región; protegerla es proteger ese tejido de oportunidades”. El desafío, ahora, consiste en evitar que el 10% se convierta en barrera permanente y, al mismo tiempo, aprovechar la sacudida para resolver cuellos de botella internos que han frenado inversiones y restado valor al clúster. Mientras Washington mide los costos políticos del proteccionismo, en Chile se traza un horizonte más amplio: una diplomacia activa para recuperar el libre comercio, una regulación eficiente que quite lastre al emprendimiento y una diversificación inteligente que refuerce la resiliencia sectorial.