La industria ante un nuevo escenario

Aranceles, tensiones geopolíticas y cambios en los mercados de destino están configurando un escenario más incierto para una de las principales industrias exportadoras de Chile. Mientras Estados Unidos mantiene su peso como principal comprador, la diversificación y la competitividad interna adquieren una importancia creciente.

Entre enero y junio, Chile exportó 440.922 toneladas de salmón, un 15,3% más que en igual período de 2025. En valor, los envíos alcanzaron US$3.488 millones, con un incremento de 6,8%.

El desempeño se produce en un escenario externo que dista de ser estable. A las tensiones geopolíticas entre las principales potencias económicas se suma una política comercial estadounidense que ha incorporado nuevos aranceles, modificando las condiciones bajo las cuales los países exportadores acceden a uno de los principales mercados del mundo.

Para la salmonicultura chilena el asunto es especialmente relevante. Estados Unidos sigue siendo, por amplio margen, su principal destino y los datos de ProChile muestran que los envíos de salmón y trucha a ese mercado alcanzaron US$1.360 millones durante el primer semestre.

Desde julio, distintos formatos de salmón chileno están afectos a una sobretasa de 12,5% en Estados Unidos. La medida reemplazó el arancel adicional transitorio de 10% y abrió una nueva etapa de gestiones público-privadas para mejorar las condiciones de acceso del producto chileno.

La negociación, sin embargo, continúa abierta. El 24 y 25 de agosto, representantes de Chile y Estados Unidos sostuvieron una nueva ronda de conversaciones en Santiago para abordar la situación arancelaria. En la instancia participaron la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y el representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, junto a los respectivos equipos negociadores. Tras la cita, ambos países acordaron mantener las negociaciones durante las próximas semanas.

Un escenario que podría prolongarse

Para Juan Sebastián Montes, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, la industria debería prepararse para un cambio que va más allá de la contingencia actual.

“Hay que ser realista. El comercio internacional y las relaciones con EE. UU. cambiaron y es baja la probabilidad de que, aun con cambio de gobierno, los aranceles vuelvan a cero”, plantea.

A su juicio, Chile enfrentará un escenario de mayores negociaciones arancelarias con Estados Unidos, por lo que la prioridad debe ser mantener la presencia y los volúmenes en ese mercado, al mismo tiempo que se buscan alternativas para distribuir el riesgo.

“Lo que aquí pesa, no es la sustitución al salmón noruego, sino que producto de las alzas de precio y la inflación en USA los consumidores saquen de su mesa el salmón y lo reemplacen por otras proteínas de menor valor”, señala.

Una situación prolongada podría afectar el trabajo realizado para posicionar el producto entre los consumidores. Sin embargo, Montes también identifica un factor favorable: ante aumentos de ingresos, las personas tienden a optar por proteínas de mayor calidad. De ahí que considere necesario reforzar el posicionamiento del producto chileno.

“Hay que trabajar en ese frente y ayudar a los que comercializan nuestros productos para que la imagen del salmón chileno sea de óptima calidad”, sostiene.

Diversificar el riesgo

Mientras se busca proteger la relación comercial con Estados Unidos, otros destinos han adquirido mayor relevancia. De acuerdo con ProChile, durante el primer semestre Japón recibió US$539 millones en salmón y trucha chilena y Brasil US$520 millones, este último con un crecimiento de 9,8%.

La diversificación, sin embargo, no implica reemplazar en el corto plazo al mercado estadounidense. Montes plantea que el desafío es ampliar las alternativas comerciales y disminuir la dependencia de un solo destino. “En paralelo, Chile tiene que seguir diversificando sus mercados, diversificar riesgos”, afirma.

La apertura de nuevos mercados también requiere fortalecer los vínculos comerciales en los países de destino. “Tenemos que ser más creativos y estar más integrados, con relaciones más sólidas en los mercados de destino. Al final, en estos mercados, las voces que más nos protegen son las de los locales que nos representan y con los que hacemos negocios”, plantea.

La necesidad de diversificar adquiere otra dimensión frente a la rivalidad entre Estados Unidos y China. Para una economía abierta como la chilena, la tensión entre sus dos principales socios comerciales plantea un desafío que excede ampliamente los aranceles y alcanza ámbitos tecnológicos, industriales y geopolíticos.

“Esta tensión, que es económica, pero también tecnológica y de dominancia geopolítica, seguirá acentuándose”, anticipa Montes.

Frente a ello, plantea que Chile debe aprender a desenvolverse en una posición defensiva para proteger su balanza comercial, pero ser más ofensivo en diversificación, reducción de costos y penetración de mercados. La competitividad futura, por lo tanto, dependerá tanto de mantener y ampliar mercados como de producir eficientemente y sostener una propuesta de valor capaz de defender el posicionamiento del salmón chileno.

Más allá de los aranceles

Pero Montes introduce una advertencia que desplaza el análisis desde la coyuntura comercial hacia desafíos de más largo plazo. Cuando se le pregunta cuál es el principal riesgo externo que la salmonicultura podría estar subestimando, no apunta al gravamen estadounidense.

“No creo que sea el de los aranceles. Eso es lo inmediato, lo urgente, pero era y continuará siendo totalmente predecible”, sostiene.

A su juicio, los riesgos conocidos resultan más fáciles de administrar que aquellos cuya evolución todavía es incierta. “En el frente tecnológico, el impacto de la inteligencia artificial en los procesos productivos, de la robotización, y de la biología computacional abre grandes desafíos para la salmonicultura”, señala.

Su análisis también vuelve la mirada hacia Chile. Seguridad, permisología, calidad de las regulaciones, funcionamiento del Estado, Ley Lafkenche, regulación marítima y relación con las comunidades aparecen entre los factores que, a su juicio, pueden afectar la capacidad de la industria para seguir siendo competitiva.

A ello se suma un factor menos tradicional, pero con una capacidad creciente de generar consecuencias económicas: la reputación. “Hoy, una grabación con un celular que se haga viral puede provocar más daño en la industria que la subida del arancel en EE. UU. en un 2,5%”, concluye Montes.

Pero si el escenario internacional obliga a la salmonicultura chilena a defender mercados, diversificar destinos y contener costos, la otra parte de la ecuación se encuentra dentro del país. Allí, la discusión apunta a una serie de restricciones regulatorias, territoriales y administrativas que, de acuerdo con los propios representantes de la industria, han limitado la capacidad de crecimiento del sector durante los últimos años.

Visión de los gremios

Una parte de este diagnóstico fue expuesta por los tres principales gremios salmoneros ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la instancia, sus presidentes coincidieron en que las cifras positivas de exportación deben observarse junto con un dato menos favorable: la capacidad productiva de la industria permanece prácticamente estancada.

Desde SalmonChile, su presidente, Patricio Melero, vinculó directamente esta situación con el escenario regulatorio posterior a la crisis del virus ISA. Según explicó ante la comisión, el sector se incorporó desde entonces a un sistema “muy complejo y con muchos actores”, lo que ha dificultado agilizar procedimientos y resolver materias pendientes. A ello se suma, sostuvo, una capacidad institucional limitada para abordar las necesidades de la acuicultura.

El dirigente puso especial énfasis en las relocalizaciones. De acuerdo con lo expuesto por SalmonChile, más de 200 solicitudes permanecen pendientes y solo una relocalización habría sido autorizada durante los últimos años. Para el gremio, el problema no es únicamente la imposibilidad de aumentar la producción mediante nuevas concesiones, sino también la dificultad para ordenar territorialmente una actividad cuyos centros fueron autorizados bajo condiciones distintas a las actuales.

Desde el Consejo del Salmón, su presidenta ejecutiva, Loreto Seguel, planteó una perspectiva similar, pero puso el acento en la diferencia entre el desempeño exportador y la evolución productiva. Durante su exposición, sostuvo que las cosechas permanecen estancadas desde hace años y que las concesiones se encuentran suspendidas desde 2020.

El gremio ha destacado que la industria ha respondido a ese escenario mediante innovación, eficiencia y apertura de nuevos mercados y formatos. Un ejemplo mencionado por Seguel fue el desarrollo del mercado vietnamita para las cabezas de salmón, un producto que, según expuso, hace cinco años prácticamente no tenía ese destino y que hoy forma parte de la estrategia comercial de las empresas.

Pero esa capacidad de adaptación también tendría un límite. “No tenemos más cabezas que vender, no tenemos más formatos que cambiar”, planteó la representante gremial ante los parlamentarios.

Una agenda propia desde el Ejecutivo

La situación adquiere una dimensión territorial particularmente visible en Magallanes. Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, sostuvo ante la misma comisión que la salmonicultura representa entre 10% y 15% de la producción nacional histórica y alrededor del 42% de las exportaciones regionales, además de generar unos 3.200 empleos directos. Según expuso, 86% de las concesiones de acuicultura fueron otorgadas antes de 2010 y la aprobación de proyectos también ha disminuido: mientras en 2015 se aprobaron 60 proyectos nuevos o modificaciones vinculados a la acuicultura en el sur de Chile, en 2025 fueron nueve, de los cuales tres correspondieron a proyectos nuevos.

En Magallanes, agregó, existen proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que permanecen detenidos por procesos administrativos asociados al uso del borde costero, entre ellos solicitudes vinculadas a espacios costeros marinos de pueblos originarios y al ordenamiento de áreas protegidas. Odebret estimó que estas iniciativas representan más de US$250 millones en inversión y un potencial productivo superior a 120 mil toneladas.

Frente a este escenario, la discusión no se limita a las demandas de la industria. La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura también ha definido una agenda orientada a revisar parte de estas trabas.

En su cuenta pública participativa de 2026, el subsecretario Osvaldo Urrutia señaló que el foco de su gestión estaba puesto en “modernizar la regulación, reducir barreras administrativas y permitir que el sector pesquero y acuícola pueda desarrollarse de manera sostenible y con reglas claras”. Como parte de ese trabajo, destacó una revisión integral del sistema de permisos de acuicultura, buscando compatibilizar la protección ambiental con respuestas más oportunas para el sector productivo.

La agenda presentada por el subsecretario contempla medidas concretas. Urrutia explicó que, luego de revisar las más de mil solicitudes históricas de relocalización, la Subsecretaría había identificado 217 casos sobre los cuales concentraría sus esfuerzos durante el período. El objetivo, señaló, era avanzar en su tramitación y superar el reducido número de relocalizaciones aprobadas hasta ahora.

A ello se suman ajustes orientados a favorecer tecnologías de remediación de fondos, incorporar macroalgas en proyectos técnicos de concesiones de acuicultura y modificar aspectos reglamentarios vinculados al margen de error y a la definición de producción. “Nuestro objetivo es que la acuicultura pueda crecer y desarrollarse pero que lo haga de manera responsable, sostenible y con reglas claras”, sostuvo Urrutia.

La agenda incluye también modificaciones a la Ley Lafkenche, materia que el subsecretario vinculó con proyectos que llevan años enfrentando procesos complejos en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. En paralelo, planteó una revisión más focalizada de la legislación pesquera y un trabajo conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente en la implementación de la Ley 21.600 sobre biodiversidad y áreas protegidas.

La hoja de ruta fue presentada antes del reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre las microrrelocalizaciones. Sin embargo, su contenido permite observar que la agenda del Ejecutivo para la acuicultura es más amplia que ese mecanismo específico e incluye permisos, relocalizaciones, regulación, tecnologías productivas, ordenamiento y coordinación con otros cuerpos normativos.

Ordenar el crecimiento

El desafío, en cualquier caso, no consiste únicamente en acelerar trámites. El reciente Policy Brief N.º 22 de INCAR², publicado en agosto de 2026 por Jessica Fuentes y Dori Soto, aborda precisamente las brechas normativas asociadas a las relocalizaciones y plantea que este instrumento debe entenderse dentro de un problema más amplio de ordenamiento territorial y sustentabilidad de la actividad.

El documento recuerda que las relocalizaciones fueron incorporadas después de la crisis del virus ISA como una herramienta para permitir el desplazamiento de concesiones hacia sectores con mejores condiciones ambientales y sanitarias. Sin embargo, pese a que desde 2010 se han presentado más de 200 solicitudes, solo dos habían sido aprobadas, según el análisis.

Para Fuentes y Soto, una eventual agilización del mecanismo tampoco puede reducirse a una cuestión administrativa. Las solicitudes compiten por espacios sujetos a distintos usos y restricciones, entre ellos Áreas Apropiadas para la Acuicultura, espacios costeros marinos de pueblos originarios, áreas protegidas y otras concesiones marítimas. El problema, por tanto, involucra decisiones sobre cómo se distribuyen los distintos usos del borde costero.

El Policy Brief plantea que Subpesca debería considerar en sus análisis el impacto conjunto que las relocalizaciones pueden generar sobre el territorio regional y la producción, incorporando información científica, indicadores claros y mecanismos de coordinación entre las instituciones que intervienen en el ordenamiento territorial. La propuesta introduce así una dimensión adicional al debate. Para que las relocalizaciones contribuyan efectivamente a mejorar la sustentabilidad de la salmonicultura, no bastaría con aumentar el número de solicitudes resueltas. También sería necesario determinar hacia dónde se trasladan las concesiones, bajo qué condiciones y qué efectos acumulativos puede generar esa decisión sobre las agrupaciones de concesiones y los territorios donde se desarrolla la actividad.

En definitiva, el desafío que enfrenta la salmonicultura chilena combina dos frentes que comienzan a encontrarse. Mientras hacia el exterior la industria debe defender mercados, diversificar destinos y enfrentar un escenario comercial más incierto, dentro del país enfrenta el desafío de recuperar capacidad de crecimiento en un marco regulatorio y territorial más complejo.

Las respuestas, por tanto, no pasan únicamente por producir más. También implican definir dónde y bajo qué condiciones puede desarrollarse la actividad, cómo se resuelven los permisos pendientes, cómo se coordinan las distintas instituciones que intervienen sobre el borde costero y qué herramientas permitirán compatibilizar crecimiento, sostenibilidad y certeza regulatoria. En esa convergencia entre competitividad internacional y capacidad interna de desarrollo se encuentra uno de los principales desafíos que deberá abordar la salmonicultura chilena durante los próximos años.