Reducir la incertidumbre fomentando la colaboración entre actores públicos y privados: un gran desafío

“Principales cambios regulatorios en la salmonicultura chilena durante los últimos 20 años y desafíos pendientes”.

En las últimas dos décadas, la regulación de la salmonicultura en Chile se ha endurecido debido principalmente a las crisis sanitarias como es el caso del virus ISA, a mayores exigencias ambientales y un ordenamiento territorial más complejo, acompañados de un control intensificado por parte del Estado.

Regulación ambiental (RAMA, D.S. N°320/2001): Desde el año 2001, el RAMA ha venido exigiendo el cumplimiento de rigurosos requisitos para la declaración, el monitoreo y la operación de los centros salmoneros bajo elevados estándares ambientales. Las sucesivas modificaciones han elevado estas exigencias, consolidando la protección ambiental como elemento central de la regulación para esta actividad productiva.

Crisis sanitaria y reforma tras el ISA: A raíz del brote del virus ISA, se implementó un modelo de gestión territorial coordinada entre concesiones, junto a normativas integrales de bioseguridad (D.S. N°319/2001). Entre las medidas adoptadas destacan la agrupación de concesiones, la realización de descansos sanitarios sincronizados y una gestión diferenciada de densidades. Entre 2013 y 2019 se intensificaron los monitoreos, la obligación de reportes y el control sanitario, integrándose permisos ambientales y sectoriales.

Durante la década de 2020 se avanzó en la trazabilidad, la reportabilidad y las exigencias técnicas en la producción salmonera, elevando las demandas regulatorias y la fiscalización pública. Las reformas más recientes priorizan el aspecto ambiental, exigiendo monitoreo permanente y cumplimiento de normas sobre residuos y emisiones. La Ley SBAP refuerza la protección de ecosistemas marinos y establece nuevas obligaciones para la industria, cuya implementación aún está pendiente de definición.

“Principales desafíos para potenciar esta actividad”.

En mi opinión, el debate regulatorio debe enfocarse en el diseño institucional y la implementación efectiva, no solo en la cantidad de normas. Es importante establecer objetivos comunes, reglas claras, fiscalización adecuada y promover transparencia y cumplimiento. La colaboración público-privada basada en confianza y metas compartidas como sanidad, protección ambiental y legitimidad social es esencial.

Un enfoque preventivo y de gestión de riesgos debe priorizar medidas para minimizar eventos negativos y su impacto sanitario y ambiental. El sistema regulatorio debe verificar y garantizar cumplimiento, reduciendo incertidumbre y potenciando el desarrollo de este importante sector.

El Estado debe asumir un rol estratégico y activo en el desarrollo sostenible, elaborando políticas integradas y coordinando de manera efectiva a organismos públicos relacionados con esta actividad, a las empresas y comunidades locales, con el objetivo de mejorar las condiciones productivas, económicas, ambientales y sociales del sector.

Un gran desafío sigue siendo la descentralización en la toma de decisiones, permitiendo adaptar la regulación y su ordenamiento a realidades regionales, haciendo la acuicultura más participativa y sostenible y reduciendo conflictos territoriales.

El proceso de relocalización de los centros de salmónidos permite optimizar el uso del territorio y reduce impactos ambientales mediante traslado de concesiones a zonas más adecuadas, previa evaluación técnica y ambiental.

Para relocalizaciones efectivas se requieren procedimientos claros, criterios técnicos transparentes y coordinación entre autoridades, cumpliendo altos estándares ambientales y sanitarios.

La innovación debe incorporarse de forma ágil en la regulación. Avances como monitoreo en tiempo real, automatización e inteligencia artificial mejoran la eficiencia, trazabilidad y seguridad alimentaria. La normativa chilena incorpora avances técnicos, pero el reto es acompañar el ritmo de innovación sin obstaculizarla y garantizando sostenibilidad.

En resumen, Chile ha implementado normas tras eventos críticos, reforzando coordinación territorial y elevando exigencias sanitarias y ambientales. El desafío actual es consolidar un sistema que reduzca la incertidumbre y mejore el desempeño ambiental y sanitario, equilibrando ambición normativa con viabilidad operativa y fomentando colaboración entre actores públicos y privados.